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Río de Janeiro.- Los integrantes de una ONG brasileña se manifestaron hoy en Río de Janeiro para pedir que el Gobierno combata el tráfico de armas y evite que se repita un episodio como el asesinato de 12 niños en una escuela perpetrado el pasado jueves.
"La sociedad exige combate al tráfico de armas y de munición", rezaba la pancarta de los manifestantes, convocados por la ONG Río dePaz que fue colocada en la playa carioca de Copacabana.
El responsable de la ONG, Antonio Carlos Costa, se preguntó cuál era el origen de las armas y municiones que fueron usados en la masacre del colegio Tasso da Silveira, perpetrado por un exalumno del centro, que se suicidó ante el cerco policial.
"Se sabe que el 86 por ciento de las armas que se confiscan a los delincuentes habían sido vendidas legalmente. La Policía Civil de Río guarda en un depósito 150.000 armas. ¿Hay seguridad?", cuestionó Costa, en declaraciones recogidas por la Agencia Brasil (oficial).
Los manifestantes tendieron en un alambre en la playa doce banderas de Brasil manchadas de tinta roja, en una muestra de solidaridad con los doce niños asesinados.
El asesino, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 años, usó dos revólveres que había conseguido de forma ilegal y con los que disparó 66 veces, según la Policía, para matar a doce niños de entre 12 y 14 años y herir a otros doce estudiantes.
La Policía arrestó este sábado a dos hombres que confesaron haber vendido uno de los dos revólveres a Menezes de Oliveira, aunque todavía no hay pistas sobre el origen de la otra arma.
Después de la masacre, el ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardozo, anunció que va a adelantar la implantación de una campaña permanente en la que se incentivará a la población a entregar sus armas de fuego a las autoridades.
Cerca de 14 millones de armas ligeras están en manos de civiles en Brasil, según cálculos de Viva Río, una de las ONG brasileñas más implicadas en la denuncia de la violencia urbana y cuyos estudios son elaborados con datos del Ministerio de Justicia.
La mitad de ese arsenal -alrededor de 7,6 millones de pistolas, revólveres y otras armas cortas- está en situación ilegal, según la misma fuente.
Cardozo dijo que se va a reunir mañana en Brasilia con representantes de Viva Río y de otras organizaciones civiles, para coordinar el rápido lanzamiento de la nueva campaña de desarme.
Inicialmente, el Ministerio de Justicia pretendía iniciar el plan de desarme el próximo julio, pero la masacre de Río ha precipitado su implantación.
El Gobierno brasileño realizó dos campañas de desarme, en 2003 y 2008, con las que ha conseguido retirar de circulación cerca de medio millón de armas de fuego.
Para incentivar a la población, las autoridades garantizaban el anonimato y la impunidad de quien entregase un arma y además, le ofrecían una indemnización.
En la campaña de 2008, la más reciente, las compensaciones por cada arma entregada variaban entre 100 y 300 reales (de 60 a 185 dólares de la época).
Un portavoz de Viva Río adelantó hoy a la prensa local que su organización va a solicitar mañana al Gobierno que, además de indemnizar a quien entregue su arma, también se pague dinero por la munición.
En 2005 se celebró un referéndum en el que la mayoría de los brasileños rechazó que se restrinja la venta libre de armas, lo que no ha evitado que el Gobierno haya continuado impulsando estas campañas de desarme, para tratar de disminuir las altas tasas de asesinatos.
