EL “HALCONAZO” DE NAYARIT

 De: Jose Luis Gonzalez López 

20 DE FEBRERO DE 1979, UN “GRUPO PARAMILITAR” DENOMINADO “POLICÍA UNIVERSITARIA” IRRUMPIÓ  EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT PARA ACABAR CON UNA HUELGA DE TRABAJADORES Y PROVOCÓ LA MUERTE DE TRES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS. VARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  QUE PRESUNTAMENTE TOMARON PARTE EN ESOS ACTOS REPRESIVOS, ENTRE ELLOS EL GOBERNADOR ROGELIO FLORES CURIEL Y EL MANDATARIO ACTUAL, ANTONIO ECHEVARRIA, ACABARON DE SER DENUNCIADOS ANTE LA FISCALIA ESPECIAL PARA MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLITICOS DEL PASADO. SIN EMBARGO, LA INVESTIGACION ENFRENTA OBSTACULOS… (Revista Proceso 1481/ 20 de marzo/ 2005)

 JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Después de  mucho insistir y de haber realizado dos huelgas de hambre, un exdirigente estudiantil nayarita  logró que la Fiscalia Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) se comprometiera a investigar la represión violenta de una huelga de trabajadores  en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) hace 26 años, en el gobierno de Rogelio Flores Curiel, que tuvo como resultado la muerte de tres empleados.

El 20 de febrero de 1979 un grupo integrado por judiciales y militares, conocido como “policía universitaria”, acalló esa huelga, que había estallado el 8 de enero del mismo año en demanda de la destitución del rector.

“El grupo paramilitar se apoderó y atrincheró en las instalaciones administrativas de la Universidad. Desde ese momento actuó dentro y fuera de universidad con total impunidad, sin que autoridades estatales intervinieran ante las detenciones arbitrarias y agresiones contra los estudiantes y trabajadores”, dice el historiador José Luís González, quien desde la Secretaría de Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) investiga esos hechos.

     El gobernador Flores Curiel era nada menos que el coronel del Ejército que, ocho años antes, como jefe de la policía del Distrito Federal, estuvo involucrado en la represión estudiantil del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971.

     Su llegada al gobierno de Nayarit fue más que un premio por esos servicios que le prestó a Luís Echeverría, entonces secretario de Gobernación; mostraba la intención del Ejército de tener un feudo en el Estado, asegura González.

     Exdirigente estudiantil en la UAN, González interpuso una demanda ante la Femospp para que se investiguen esos hechos, en los que, asegura, estuvieron implicados no sólo el coronel, ahora en retiro, sino el actual gobernador Antonio Echevarría Domínguez, quien fue tesorero durante la administración de Flores, y varios de sus colaboradores.

     En su denuncia también acusa a Antonio Sam López, quien en tiempos del HALCONAZO, entre 1970 y 1976, fue director de la Policía Judicial en el DF. En su sexenio, Flores Curiel lo hizo procurador general del estado.

     Dice que tuvo que ponerse en huelga de hambre en dos ocasiones para que atendieran sus reclamos: una del 10 al 20 de junio de 2002, que terminó cuando el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto, se comprometió a iniciar una averiguación de los hechos ocurridos en la UAN.

     La segunda huelga la emprendió hace algunas semanas en protesta por la lentitud de la investigación, pero la suspendió recientemente luego de que la Fiscalía se comprometió a acelerar la indagatoria.

HISTORIALES OSCUROS.

Flores Curiel, uno de los exfuncionarios denunciado por José Luís González, llegó en 1976 al gobierno de Nayarit a pesar, sostiene el historiador, de haber perdido la elección ante el candidato del Partido Popular Socialista (PPS), el recientemente fallecido Alejandro Gascón Mercado. Entonces, dice, el presidente del Partido Popular Socialista (PPS), Jorge Cruickshank García, negoció la gobernatura por una senaduría con Porfirio Muñoz Ledo, quien entonces era el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

     En las memorias de Gascón Mercado tituladas Por las Veredas del Tiempo, de las que González entregó una copia a la fiscalía, aquél cuenta que los soldados “se robaron las urnas”, pues los militares consideraban al candidato del PRI como “una posición del Ejército… Habían escogido a Nayarit para demostrar al poder civil la fuerza y las pretensiones del Ejército. Así nos hicieron saber militares progresistas, pero no llegamos a pensar que el Ejército tomara en sus manos el proceso electoral en Nayarit en 1975”. Con un fuerte operativo militar, Flores Curiel asumió el gobierno en presencia de Luís Echeverría.

     El rector de la UAN era, en la administración del militar, Petronilo Díaz Ponce. A su vez, Sam López fue nombrado procurador, y Antonio Echevarría, tesorero del estado. El rector, según documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), se declaraba contrario a los “comunistas” mexicanos. En su denuncia, González asegura que Díaz Ponce se enfrentó a la Federación de los Estudiantes y al Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAN, y creó una organización paralela.

     “Tras asumir como rector, Díaz Ponce conformó un cuerpo represivo, la “policía universitaria”, un grupo paramilitar formalmente reconocido en octubre de 1978 al que se le destinaban 35 mil pesos al mes y que se dedicó a sembrar el terror en el CAMPUS mediante la extorsión y la violencia física contra los estudiantes, maestros y trabajadores”, agrega la denuncia.

     En su momento, Díaz Ponce declaró a la prensa que ese grupo había sido creado con el fin de “lograr la tranquilidad necesaria para los programas de investigación y docencia, así como para evitar que las universidades se conviertan en prostíbulos”.

     La “policía universitaria” fue integrada por judiciales y soldados a cargo del militar Jesús Guerrero Bautista, quien actualmente trabaja en al Dirección de Tránsito de Nayarit. De acuerdo con las denuncias estudiantiles recogidas por la extinta DFS, Guerrero egresó del Colegio Militar y se especializó  “en campos de entrenamiento controlados por Estados Unidos en Guerrero y Oaxaca”.

     González entregó a la Fiscalía una lista con los nombres de los militares que integraron al grupo represivo. La oficina del fiscal Ignacio Carrillo Prieto solicitó informes del caso a la Procuraduría de Justicia Militar, que en su respuesta señaló que esos militares eran “desertores” o elementos que ya no estaban en activo; sin embargo, omitió el nombre de Guerrero Bautista, quien entonces era teniente. La fiscalía lo localizó a través de la Agencia Federal de Investigaciones, ante la cual  él reconoció que fue militar en activo durante esos años.  

     El jefe inmediato de Bautista, dice González, era el capitán y actual general Marco Antonio Meza, cuñado del gobernador Echevarria y hermano del secretario general de Gobierno, Adán Meza Barajas. Otro de sus hermanos, Nazario, trabaja en la policía y también participó en la conformación del grupo paramilitar, asegura el denunciante.

     En un reporte de la DFS fechado en Nayarit el 18 de enero de 1979 y firmado por Miguel Nazar Haro, se indica que el grupo de “vigilancia de la universidad” resguardaba las instalaciones de la UAN  desde días antes de la represión “Y algunos de sus integrantes se encuentran apostados con armas de fuego en diferentes sitios, en previsión de que los trabajadores pretendan asaltar la universidad para recoger sus pertenencias o permanecer dentro de ella”.

     El día de los hechos, prosigue el denunciante, la “policía universitaria” se presentó con armas de alto poder, encabezado por el asesor jurídico de la rectoría, Héctor Béjar Fonseca, a quien los reportes de prensa identifican como el hombre que ordenó la agresión. Como resultado de ésta, murieron dos sindicalistas y quedaron heridos de gravedad un trabajador y un albañil. Béjar Fonseca fue designado en el gobierno de Echevarría presidente del Consejo Estatal Electoral, pero fue destituido a raíz de las críticas que se le hicieron al difundirse su pasado.

     De acuerdo con los reportes de prensa recogidos por la DFS, el procurador Sam López se presentó en la UAN una vez concluidos los hechos, pero para golpear y detener a estudiantes. En otros acontecimientos también relacionados con la huelga, murieron cuatro estudiantes. Los detenidos fueron llevados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a cargo del capitán Gabriel Castañeda Vega.

     Los recursos con los que operó el grupo paramilitar, añade González, fueron suministrados por el tesorero estatal, Antonio Echevarría, quien, afirma, públicamente ha dicho que entregaba dinero a organizaciones afines a los gobiernos priistas, entre éstas el grupo porril Unidad Liberal Benito Juárez.

     La represión de la huelga derivó en la renuncia del rector, que fue sustituido por Javier Germán Rodríguez Jiménez, quien mantuvo a la policía especial. Actualmente Rodríguez es presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado. El grupo paramilitar nunca fue disuelto, sino que se transformó, sostiene González en un “sindicato de veladores”.

     Con la llegada de Echevarria a la gubernatura regresaron al poder muchos de los involucrados en los hechos, comenzando por el exrector Díaz Ponce, quien hasta hace poco  fue delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Nayarit, puesto al que renunció cuando la fiscalía anunció que investigaría los hechos.